El Despacho Presidencial ha destinado más de S/ 700 mil para la defensa legal de Dina Boluarte y exfuncionarios investigados por corrupción. Este gasto ha generado controversia debido al creciente número de beneficiarios de la Ley Servir.
Polémica por uso de fondos públicos
En lo que va del 2024, el Despacho Presidencial ha desembolsado S/ 771 mil para cubrir los costos legales de la presidenta Dina Boluarte y varios ex altos funcionarios, la mayoría investigados por corrupción. Este gasto ha desatado una fuerte polémica, especialmente porque cada vez más exfuncionarios se benefician de la Ley Servir. Esta ley permite que el Estado peruano cubra los gastos legales de aquellos investigados por actos cometidos durante su gestión pública, generando preocupación sobre el uso de fondos públicos.
Defensa de Dina Boluarte y otros funcionarios
El abogado Juan Carlos Portugal, quien reemplazará a Mateo Castañeda en la defensa de Dina Boluarte, también ha sido contratado para representar a Luis Nava, exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García. Nava está bajo investigación por lavado de activos en el caso Odebrecht. Por su labor, Portugal recibirá S/ 200,000.
Además de Luis Nava, otros exfuncionarios destacados que están utilizando este beneficio incluyen a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos investigados por su implicación en el caso Odebrecht. Dina Boluarte, actualmente investigada por genocidio, también se ha acogido a este privilegio, habiendo contratado a Joseph Campos por S/ 180 mil para su defensa.
La Ley servir y su impacto en el Estado
La Ley N.° 30057, conocida como Ley Servir, fue promulgada en julio de 2013 durante el gobierno de Ollanta Humala. Su objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia de las entidades públicas del Estado, asegurando servicios de calidad mediante un mejor Servicio Civil.
Un artículo clave de esta norma permite que aquellos que hayan trabajado en entidades públicas reciban defensa y asesoría legal pagadas por el Estado en caso de ser investigados por acciones realizadas durante su mandato.
Este artículo estipula que «las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesoría a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto actos administrativos bajo criterios de gestión en su oportunidad». Gracias a esta disposición, figuras como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también han solicitado que el Estado cubra sus gastos de defensa legal.
Criticas
El uso de la Ley Servir para cubrir los costos de defensa legal ha generado diversas reacciones en la sociedad peruana. Críticos argumentan que esta práctica es un mal uso de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de casos de corrupción que han perjudicado al país.
Defensores de la ley, por otro lado, sostienen que es un derecho de los funcionarios públicos recibir apoyo legal del Estado cuando sus acciones están relacionadas con su desempeño en el servicio público.
