La reforma de pensiones aprobada por el Congreso de la República podría transferir alrededor de S/1.830 millones de fondos previamente públicos hacia las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a pesar de que la normativa contempla la participación de bancos, cajas municipales y otras entidades financieras en el mercado previsional.
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La llamada «Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano» incluye una pensión por consumo que destina el 1% del valor de las compras de los afiliados a una cuenta individual administrada por una AFP, excluyendo cualquier posibilidad de gestión pública a cargo del Organismo de Normalización Previsional (ONP).
Según un informe presentado durante el debate de la reforma en la Comisión de Economía, las AFP podrían disponer de casi S/1.800 millones anuales provenientes de las contribuciones por consumo, además de S/30 millones adicionales en concepto de comisiones.
Datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) indican que hay 9,6 millones de trabajadores independientes registrados como Contribuyentes Activos. Solo el 1% de ellos, aproximadamente 96,000 personas del nivel socioeconómico (NSE) A, aportarían alrededor de S/412 anuales a su fondo de pensiones, lo que equivale a S/39 millones 552,000 en total cada año, según el informe. Los restantes S/1.836 millones provienen de contribuciones estimadas para los NSE B, C, D y E.
