Los ataques a la libertad de expresión y a los medios de comunicación se hacen cada vez más evidentes en la actual coyuntura de crisis e inestabilidad política y plantean una seria reflexión no solo de parte del Gobierno sino también por parte de la clase política y diversos sectores de la sociedad, respecto a la necesidad de revalorar el papel del ejercicio periodístico, como pilar del sistema democrático, aún en circunstancias difíciles como las actuales.
Ayer durante la interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, congresistas oficialistas recurrieron al miente miente que algo queda al insinuar que el cuestionado funcionario es víctima de “acusaciones falsas” que los medios “repiten y repiten”.
Los analistas políticos prevén que al país y a los medios de comunicación les espera una dura batalla en lo que resta del actual Gobierno, para hacer prevalecer el Derecho a la Información, ese preciado e indispensable bien común que muchos personajes del Gobierno se empeñan en vulnerar. Si no es el premier Bellido pidiendo a quien le hace preguntas incómodas que se “lave las orejas”, es el presidente Castillo y el gabinete negándose a dar conferencias de prensa, es decir cerrando la posibilidad de someterse al control social y a la fiscalización, que los periodistas hacen posible en una sociedad democrática.
Recientemente, cuando el presidente de la República anunciaba en Washington a los operadores económicos extranjeros y nacionales una política de apertura a la inversión privada, reglas claras y respecto a las libertades (incluida la libertad de expresión), el congresista de Perú Libre, Abel Reyes, contratacó desde el Congreso presentando un proyecto de ley para controlar los medios de comunicación, los medios digitales y deteriorar las condiciones para la libertad de expresión y de acceso a la información.
Al igual que la inversión privada, la meritocracia para desempeñar cargos públicos, el sistema democrático y la reactivación económica, el ejercicio periodístico está bajo amenaza. Hoy 1 de octubre, también es propicia la oportunidad para que los periodistas reflexionen sobre el importante reto que les plantea el país: no retroceder en su papel fiscalizador, poniendo al alcance de los ciudadanos, con ética y responsabilidad, aquel bien tan valioso pero frágil en estos tiempos, como la información.