Al Congreso de la República se le ha achacado gran parte de la responsabilidad de la crisis que vive el país en los últimos años. Se le ha llamado obstruccionista, vacador y hasta se le ha acusado de haber perpetrado golpe de Estado al vacar al expresidente Martín Vizcarra y haber dado pie para que Manuel Merino asuma la Presidencia, por muy pocos días.

Con la instalación del nuevo gobierno y con la interpelación a Íber Maraví los epítetos contra el Legislativo volvieron a estar presentes. La población le reclama trabajo y obras al Legislativo. Sin embargo, gran parte de los ciudadanos desconocen las funciones que tiene este poder del Estado. El Congreso tiene dos funciones elementales: dar leyes y fiscalizar al Ejecutivo. En cumplimiento de la labor fiscalizadora puede llamar a los ministros para que den cuenta de sus acciones, interpelarlos y censurarlos.

En este sentido, la población no le puede pedir obras a los congresistas. Si estos interfieren o buscan satisfacer esta necesidad están yendo contra la ley. Lo que los votantes podemos pedir al Congreso es que no obstruya las iniciativas del Ejecutivo, siempre y cuando favorezcan al país.

La gobernabilidad implica tomar acuerdos entre los dos poderes más importantes del país, ceder algunas posiciones, negociar. Esto no quiere decir que los congresistas renuncien a sus principios, pero los que deben primar son los intereses del país.

Ahora que este Gobierno tiene nuevos ministros, es hora de analizar su comportamiento para luego emitir juicios. El Gabinete Vásquez va a ir al Congreso por el voto de confianza o de investidura, antes de tomar posiciones los congresistas están en la obligación de analizar las acciones, las señales que está dando la representación nacional para luego tomar una decisión, porque ya bastante incertidumbre ha causado a todos lo ocurrido con el Gabinete Bellido. Los objetivos del país tienen que estar por encima de los intereses partidarios, y más aún por encima de los intereses personales.