¿Qué hará el Ejecutivo para parar las muertes y estabilizar al país, como se lo exige la población desde diversos frentes? Responder a esta pregunta, luego de 33 días de gobierno y más de cuarenta fallecidos en los disturbios, es sumamente complicado para la presidenta Dina Boluarte y el gabinete Otárola, en momentos en que aún intentan organizarse y definir un rumbo claro para el país tras año y medio de desgobierno de Castillo.
La nueva protesta del lunes, que terminó con al menos 17 muertos y decenas de heridos cuando unas 2 mil personas intentaban tomar el aeropuerto de Juliaca, ya empezó a ser investigada por el Ministerio Público y, es prioritario que se individualicen con prontitud las responsabilidades y la justicia sancione ejemplarmente a los autores de esa masacre.
Frente a este doloroso episodio causado por el uso indiscriminado de la fuerza y provocado por grupos extremistas que ahora se frotan las manos por el caos que capitalizan políticamente a su favor, corresponde al Gobierno asumir su cuota de responsabilidad y definir cuál es su objetivo, marcar un norte, una idea clara de lo que hará desde ahora hasta el final de su mandato.
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Las protestas en Puno, cuyos reclamos tiene como raíz una desatención histórica por parte del Estado, continuarán, al igual que en otras regiones del sur.
Corresponde al Ejecutivo cambiar de actitud, dejar de ser el Gobierno que desoye, que usa excesivamente la fuerza o que actúa como si nada ocurriera; y emprender una nueva etapa de cero muertos (la Policía puede controlar perfectamente las manifestaciones sin muertos mediante labores de inteligencia), priorizar el diálogo con todas las regiones, atender las preocupaciones de cada una, pero no para azuzarlas como lo hacía Castillo, sino priorizando todo aquello que implique incluir a los sectores relegados en el desarrollo nacional.
Promover una nación más integrada, sí, pero sin caer en la ingenuidad de subestimar a los enemigos del país ocultos detrás de los bloqueos y vandalismo.
Se trata de grupos extremistas que claramente están usando las legítimas protestas de la población para azuzar y continuar con una agenda abiertamente destructiva cuyo fin es tumbarse al Gobierno. Tomar aeropuertos, incendiar un patrullero y a un policía, como ocurrió ayer nuevamente en Juliaca, no es protestar pacíficamente. Es una estrategia subversiva, vandalismo criminal.
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