Lo venimos advirtiendo, un Gobierno tan deslegitimado por innumerables indicios de corrupción, acorralado por la Justicia y desesperado porque algunas de sus estrategias legales no le están funcionando, es capaz de cualquier cosa. Una de ellas, victimizarse.

Es evidente que desde Palacio se impulsa una campaña o corriente de opinión destinada a desacreditar las pruebas contundentes contra el presidente y su círculo cercano, vinculados con la corrupción. Parte de esta estrategia no es solo atacar y desacreditar al Ministerio Público, Poder Judicial y a la prensa, sino recurrir a los desgastados discursos del perseguido político y del maestro del campo al que los poderosos no dejan gobernar.

En ese sentido, la semana pasada al no darle permiso para reunirse con el Papa en El Vaticano y visitar países europeos, el Congreso ayudó al presidente a victimizarse ante la comunidad internacional, durante la 52° Asamblea General de la OEA. Lo mismo ha hecho el electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al decir que no dialogará con él pidiéndole que renuncie o se asile en algún país. El asilo se concede a un perseguido político. ¿Lo es el presidente Castillo? No. Es decir, terminó victimizándolo.

Respecto a la campaña contra el Ministerio Público, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, cercanos al Gobierno, denunciaron penalmente el último viernes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al equipo especial que investiga al mandatario. No es casualidad que esta acción legal y la denuncia constitucional presentada ayer por el congresista Guillermo Bermejo contra la misma magistrada, se inicien justo cuando el país está a punto de ser testigo de una inminente denuncia constitucional contra Castillo por parte de la fiscal de la Nación.

Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si se puede o no acusar al presidente, sin permiso del Congreso, por los presuntos delitos por los que actualmente se le investiga. Mientras algunos indican que no hay derechos absolutos y que sí es posible con argumentos sólidos; otros opinan lo contrario.

Ante las dudas en Palacio preferirían no correr el riesgo y, a la estrategia legal, sumarían más uso de recursos públicos para hacer populismo, con bonos, nombramientos y mítines, disfrazándolo de gestión en favor de los más pobres.

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