Cuando aspiraba a ser gobernador, el señor Servando García convenció a miles de piuranos, prometiendo en su plan de gobierno una gestión transparente basada “en la práctica de la honestidad, vocación de servicio y transparencia en el manejo de los recursos públicos, rendición de cuentas y el fomento de la vigilancia social permanente”.

Sin embargo, a casi un año de terminar su gestión, sigue haciendo todo lo contrario, la falta de transparencia del Gobierno Regional es tal que los hombres y mujeres de prensa son impedidos de acceder a la sede regional y a la información pública sobre obras de reconstrucción, presupuesto regional, recursos contra la pandemia, etc.

¿Por qué la cultura del secreto? Los miles de piuranos que se sienten defraudados por una de las peores gestiones regionales del país, no podrán escuchar la respuesta a esta sencilla pregunta porque el señor gobernador sencillamente decidió no dar entrevistas. No a quienes le preguntarán sobre lo que no quiere hablar.

Lamentablemente su persistente negativa a responder preguntas incómodas, no solo atenta contra el derecho de casi dos millones de piuranos a conocer cómo se manejan los fondos públicos de su región o por qué están paralizadas importantes obras como los hospitales estratégicos de la sierra; también socava la confianza en el GORE.

Históricamente, los funcionarios que ocultaron información pública, no lo hicieron adrede. Casi siempre callaron para mantener en secreto hechos oscuros; usaron las potestades públicas solo en beneficio propio o de terceros (amigos) en perjuicio del interés general.

Este mala praxis no parece ajena a la actual gestión regional, algunos de cuyos funcionarios y exfuncionarios o están encarcelados o viven en la clandestinidad o son investigados en libertad pero con reglas de conducta, por acciones dolosas, como el favorecimiento con el pago ilegal de casi 4 millones de soles a un consorcio que presentó cartas fianza falsas, por citar uno de tantos casos.

Otra de las respuestas que el gobernador no se atreve a dar es por qué mantiene en el cargo a funcionarios cuestionados como el director del hospital Santa Rosa y cuatro servidores públicos, quienes según Contraloría de la República, estarían implicados en la compra irregular de equipos de protección personal por más de 2 millones de soles, en plena pandemia.