En algunos meses se irá la actual gestión regional y muchos de sus funcionarios seguirán siendo desconocidos para los ciudadanos porque, siguiendo el ejemplo del gobernador, simplemente se niegan a rendir cuentas de sus acciones y rehúyen a la fiscalización ciudadana.

Así lo demuestran las numerosas barreras impuestas por el GORE a los medios de comunicación no solo para brindarles información pública sobre diversas obras, principalmente las cuestionadas, sino también prohibiendo en más de una ocasión el acceso de los periodistas a la sede regional.

Gobernar (¿o desgobernar?) sin dar cuenta de sus acciones ante los medios de comunicación ni directamente ante la población, será sin dudas una de las principales razones por las que será recordada la actual administración regional.

La reacción del GORE ante los justos reclamos de los dirigentes del Alto Piura por el pésimo manejo del proyecto Alto Piura, actualmente paralizado y sin viabilidad debido a una deficiente gestión, es uno de los numeroso ejemplos de desconexión del Estado con la población: se ha esperado que algunos dirigentes pongan su vida en riesgo haciendo huelga de hambre, y que bloqueen el tránsito, para recién hacerles caso y formar una mesa de diálogo.

En los últimos días, los piuranos, conmovidos por las atrocidades de la guerra en Ucrania, hemos visto a las autoridades de ese país negarse a abandonar su patria -cómodamente y con medidas de seguridad-, muchos han preferido sacrificar a sus familias y la propia vida saliendo con fusil en mano a defender a su país y a su gente.

En este lado del mundo, sin embargo, hemos visto con decepción la otra cara de la moneda: un gobernador desairando a los agricultores en Chulucanas, brillando por su ausencia en una reunión a pesar de haber sido pactada previamente.

Acaba de ser convocado para rendir cuentas, este sábado, ante una comisión del Congreso, por los 3.9 millones desembolsados por el GORE a un cosorcio que presentó una carta fianza falsa, trabando la obra Mejoramiento de los servicios del centro de salud de Máncora. Es fácil deducir, sin embargo, que no asistirá y enviará a su abogado. ¿Cuánto más podrá seguir rehuyendo a la fiscalización y al control social?