Hace bien el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en pronunciarse a favor de que los retos mortales del cabecilla de la banda terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, sean incinerados.

Serían graves las consecuencias para la seguridad nacional, mucho más en los actuales momentos de crisis y polarización del país, que el cuerpo del genocida sea entregado a una ex compañera de celda de Elena Iparraguirre, para que disponga de él.

Hacerlo sería abrir la puerta para que un grupo de seguidores del grupo delictivo convierta algún lugar del país en destino de culto y hasta homenaje al mayor asesino de nuestra historia democrática. No solo eso, el propio Estado estaría generando un clima favorable para que integrantes de este grupo enemigo del Perú haga apología al delito de terrorismo.

Quienes sí merecen el mayor de los homenajes son los familiares de las más de 70 mil víctimas del senderismo, quienes lo combatieron o actualmente siguen arriesgando sus vidas en la lucha contra los remanentes de esta banda criminal; precisamente un gran reconocimiento a ellos es evitar todo tipo de apología a Sendero Luminoso, más aún evitando que a su ideólogo se le rinda culto. En estos días no está demás recordar que en Perú elogiar o negar que esta organización delictiva hizo terrorismo está penado.

Si bien actualmente no hay un protocolo internacional para sepultar dictadores, criminales de guerra y, como en este caso, genocidas; no estaría mal que el Gobierno del Perú y el Congreso, tal como lo hizo en su momento el presidente estadounidense Barack Obama para el cuerpo de Bin Laden; promuevan una norma especial para casos como el de Guzmán, tal como lo ha propuesto la exministra de Defensa, Nuria Esparch.

Conviene asimismo que el presidente Pedro Castillo y su premier Guido Bellido dejen de generar más desconfianza en la población al no explicarle al país hechos tan cuestionables como la visita a la PCM del fundador de Movadef, César Tito Rojas, así como la cada vez más insostenible permanencia del ministro de Trabajo César Maraví, investigado en su momento por sus presuntos vínculos con autores de acciones terroristas como la masacre de Lucamarca.

En lugar de refugiarse en una emisora radial que le pregunta solo lo que a él le gusta, es deber del primer mandatario responder a todos los medios, incluso a los que le son incómodos. Demostraría así, con los hechos, ser un demócrata.