La crisis amenaza con terminar de paralizar al país. Dos millones de microempresas de diversos rubros están al borde de la quiebra y el país parece sumido en el mayor desentendimiento de nuestra historia. Pero ésta era una cita pactada con la historia que tarde o temprano tenía que ocurrir.

Nuestro país, desde sus momentos fundacionales ha pospuesto la discusión acerca de quiénes somos, de cómo se define la peruanidad y cómo hacer para que la democracia no sea un instrumento de encumbrarse en el poder transitoriamente, sino un sistema de vinculación de todos los ciudadanos mediante un orden calculado y virtuoso según el grado de racionalidad con que funcione y se perfeccione esta maquinaria social. En el 2023 podemos decir que nuestra democracia ha pasado de ser imperfecta a ser peligrosa: en nombre de la democracia uno y otro bando están dispuestos a todo.

Quienes defienden el libre mercado o sea, el liberalismo económico-, los mercantilistas, la derecha conservadora y otras marcas políticas ubicadas cada vez más lejos del centro, todas afirman defender el derecho de los ciudadanos a vivir respetando “el proyecto de vida ajeno”. La democracia auténtica, dicen, es la que ellos propugnan, la que no se esfuerza por cambiar las cosas porque, a su entender, todo está bien y las quejas vienen del resentimiento y la ignorancia.

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Quienes piden nueva constitución, nuevo sistema económico, defensa de las “identidades originarias”, el fin del centralismo unos, incluso, piden reorganizar al país como república federal, la renuncia de Boluarte casi todos se han olvidado de la reposición de Castillo, etc., también se autodenominan demócratas; creen que tomar carreteras, aeropuertos y organizar “escraches” frente a canales de televisión son derechos consustanciales a la democracia y tachan a quienes se oponen a estas expresiones de ser “conservadores”, “enemigos del Perú”, “liberales”, “ricos”, etc. El centro político ya no existe; ha sido devorado por la ola de los extremos.

Por el bien del país es urgente deponer los preconceptos y construir un nuevo vocabulario político para tratar estos problemas. Hasta ahora la presidenta Boluarte no ha tenido éxito en convocar a los legítimos voceros de las protestas para negociar. Sí, el camino es negociar.

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