Castillo, sin duda alguna, no merece seguir siendo el presidente del Perú luego de que quedara al descubierto su incapacidad de gestión, su estrecha visión de la política y esa preocupante escasez de luces para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, más allá de cualquier intención o justificación circunstancial.

El Congreso tuvo la oportunidad de devolverle al país la posibilidad de escoger nuevas autoridades y remediar este vacío de legitimidad, pero ha preferido por segunda vez hacerse de la vista gorda y votar para que el tormento de muchos peruanos continúe. Es evidente que los intereses han jugado un papel claro en esta impopular decisión.

En primer lugar, los congresistas parecen dar razón a todas las voces críticas -incluso del mismo parlamento- que afirman que el Legislativo es, en estos momentos, incapaz de cargar con la inmensa responsabilidad de conducir un país descabezado.

Esta labor hubiera sido menos pesada si la aprobación pública del Parlamento fuera alta, pero ocurre todo lo contrario: los congresistas, al igual que el presidente Castillo, arrastran una pesada bolsa de descrédito popular. Sencillamente, este Congreso no ha logrado conectar con las necesidades de la población, ha hecho suyos algunos lemas de la oposición en las calles, pero al costo de convertirlos en parte de un discurso que negocia sin ética con el Ejecutivo para seguir disfrutando lo que queda del periodo.

Está claro que no son los 15 mil soles mensuales, la escolaridad y los gastos de representación los que despiertan tanto el afán de algunos “padrastros” de la Patria de quedarse adheridos al escaño. Es la posibilidad de negociar con el cargo, de traficar influencias y de cobrar cupos a alcaldes de pequeños distritos; es decir, la versión sucia del poder, la que seduce tanto a estos individuos que, ajenos a todo vínculo moral con el poder que la ciudadanía les ha encomendado, se ponen de acuerdo para alargar una crisis que podría terminar en una verdadera e irreparable crisis que nos volvería a dejar sin democracia.

Lo ocurrido en el parlamento provoca vergüenza, pero era una posibilidad advertida. ¿Quiere decir esto que la lucha por el reordenamiento y la paz política se trasladará a las calles? ¿Será tiempo de ir juntando las 76 mil firmas necesarias para las nuevas elecciones y que se vayan todos?