En política las coincidencias ocurren muy pocas veces. No nos parece muy casual, por ejemplo, que en los fragores de los recientes conflictos sociales se oigan voces del oficialismo pregonando por una asamblea constituyente y, consecuentemente, por una nueva constitución.

El Gobierno intenta de alguna manera u otra situarse en el medio de la crisis convirtiendo las protestas en una especie de “guerra económica” entre la población pauperizada por el alza del costo de vida y los empresarios con el fin de profundizar las contradicciones y forzar una salida política beneficiosa a los intereses del partido Perú Libre.

En la historia del Perú las constituciones no han sido solo marcos reguladores de la vida pública nacional, sino instrumentos efímeros de los poderes de turno. Esta práctica de fabricar leyes a la medida fue inaugurada por Bolívar y, para algunos entendidos, la Constitución de 1993 sería el ejemplo más reciente de esta instrumentalización del derecho para justificar y proteger reformas políticas concebidas originalmente para un periodo de emergencia.

Aún así, los 29 años de vigencia de la Carta Magna han demostrado que su fórmula jurídica ha servido para crear estabilidad más allá de sus propósitos iniciales. Gracias a las líneas maestras de esta constitución, por ejemplo, la inversión privada ha encontrado un espacio favorable en el subcontinente, algo que en los decenios anteriores no había ocurrido.

Aún así, es lícito que la sociedad quiera hacer reformas o incluso cambiar la actual constitución por otra que exprese mejor sus intereses y atienda eficazmente sus necesidades, pero este cambio debe hacerse desde la voluntad general y siguiendo las reglas establecidas, no desde la coacción y el chantaje de una secta extremista que pretende apoyarse en el poder político para desarrollar su programa a costa de los éxitos que ha conseguido el país, a costa de una institucionalidad precaria y creando falsos conflictos que solo desangran al país y provocan la pérdida de millones de soles que bien podrían financiar la atención a la pobreza y a las poblaciones vulnerables. El tiempo de los fratricidios políticos ha terminado, pero parece que algunos “ideólogos” no se han enterado o no quieren entenderlo, y explotan la ignorancia, la indignación y hasta la miseria en beneficio propio.