Una “bomba” (¿o cortina de humo?) atrae los reflectores de la opinión pública del país desde ayer: un empresario preso por presunta corrupción, separado de las FF. AA., que ha cumplido condena por otros ilícitos, de repente decide, desde la cárcel, denunciar sin prueba alguna que Pedro Castillo ha ganado las elecciones con fraude, mediante un supuesto acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones.
Como era de esperarse, los más contentos son los fraudistas algunos de los cuales ya se pusieron en modo “se los dijimos”. Se puede ser críticos de la ineptitud, indicios de corrupción y pésimas decisiones con que este Gobierno agrava cada día la inestabilidad económica y política; pero de allí a creer a rajatabla en repentinas declaraciones tremendistas como estas, hay una gran diferencia.
El solo hecho de lanzar acusaciones tan graves sin mostrar prueba alguna es temerario e irresponsable, también lo es convertirse en caja de resonancia de alguien que, mientras no dé razones sólidas de lo que dice, no es más que un procesado por la justicia tratando de encontrar protagonismo para librarse de la investigación que se le sigue por corrupción.
A lo mejor tiene evidencias que podría mostrar más adelante y que cambien el rumbo del país. Si estas pruebas son incluidas o actuadas en un debido proceso y convencen a un juez, este escándalo mediático tendría que terminar en una sentencia. Pero si solo se trata de más carbón a la narrativa del “fraude”, sin sustento, es difícil darle crédito.
Especialistas como Fernando Tuesta adelantan que si la idea del empresario es decir que se perjudicó a López Aliaga para que quede segunda Keiko, quien sería vencida por Castillo, “no podrá demostrar nada porque es imposible”. Insistir en esa idea más parece un intento de confundir a los incautos que desconocen u olvidaron que ya el año pasado la Fiscalía no encontró ninguna evidencia de esta sospecha impulsada por Keiko Fujimori y sus aliados políticos.
Las próximas horas -o días, en todo caso- son decisivas para saber si hay algo realmente sólido contra el máximo ente electoral y el presidente. De ser así, el investigado, quien también denuncia amenazas, tendrá que ser protegido. Al JNE y al presidente también les toca demostrar técnicamente que el empresario miente. El país espera.
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