La relación de los diferentes niveles de Gobierno con el capital privado -los empresarios- ha sido en los últimos años bastante compleja. En los 90 se creía que el capital privado había llegado a salvarle el pellejo al Perú, y con los años esta imagen de necesaria alianza se ha destruido.

Es necesaria una revisión del comportamiento de las empresas privadas pues éstas, cuando ofrecen sus servicios a las entidades estatales (las municipalidades, los GORE y otras), parecen excederse al cautelar su lucro y terminan convirtiéndose en un problema mucho mayor.

El Estado, en sus muchas formas, casi siempre es el perdedor cuando se trata de algún arbitraje. Durante las últimas gestiones en el GORE éste fue el principal dolor de cabeza. Solo en el 2021 había 117 obras paralizadas por arbitrajes. En el 2018 se tuvo que pagar 60 millones de soles a Camargo y Correa luego que ésta ganara la disputa al GORE.

Como estos hay más ejemplos en las municipalidades. La alcaldía de Piura, por ejemplo, podría terminar pagándole alguna penalidad a Yaksetig Guerrero -la empresa que hizo las duraderas pistas del centro de Piura- debido a que, según la contratista, ésta aviso desde el 15 de enero a la MPP de algunas fallas y fue la MPP la que no hizo nada. ¡De locos! A ver cómo le va a la municipalidad, que ha decidido demandar a Yaksetitg por haber hecho pistas cuya calidad parece evidente.

Pero, obviamente, tampoco vamos a decir que el Estado es una víctima eterna de la gula capitalista. Algunos malos funcionarios también han aprendido a usar a ciertas empresas -a veces con su consentimiento y a veces no- para organizar su pillaje con un esquema casi perfecto: la Procuraduría del Gobierno Regional formuló una denuncia penal contra los que resulten responsables (alrededor de quince personas) por el robo de más de un millón de soles del GORE durante la anterior gestión. La modalidad fue cobro de la devolución de una garantía a favor de una empresa, a pesar de que este pago se habría hecho alrededor de nueve veces. ¡Qué tales vivos! Ahí sí no hay empresa mala.

Es necesario sanear las relaciones entre el Estado y el sector privado, sobre todo con las grandes empresas, mediante un sistema de control mucho más vigilante.

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