El Consejo Regional ha decidido pedir a la Contraloría General de la República que analice a los profesionales nombrados en nuevos cargos de confianza para comprobar su idoneidad.

Esta es solo una muestra de cuánto creció la falta de confianza en la primera autoridad regional quien, lamentablemente en lo que va de su gestión, ha sembrado constantes dudas sobre sus preferencias para cubrir puestos de gran responsabilidad al convocar a una serie de personajes cuestionados que, al final, tuvieron que irse por no reunir el perfil exigido por el MOF y el ROF.

Solo por citar algunos ejemplos, el 3 de enero del 2019 renunció el director regional de Agricultura, Arnaldo Arévalo, ante la presión social porque no era titulado; el mismo mes, el gerente de ProRural y la jefa de la Oficina de Coordinación y Gestión fueron separados porque tampoco cumplían con el perfil para esos puestos, en tanto que el gerente del Alto Piura también tuvo que ser destituido el 8 de enero del mismo año, tras ser detenido en la víspera acusado de maltrato físico a su exconviviente.

Ante el daño que se veía venir para la región al copar el aparato estatal regional con personas no idóneas, desde el inicio de la gestión los colegios profesionales y colectivos sociales han hecho muchos intentos por ayudar al gobernador a elevar el nivel técnico de sus funcionarios. Sin embargo, Servando García no solo no se ha dejado ayudar, ha ignorado y rechazado cualquier sugerencia o recomendación, y ha reincidido en los mismos errores.

“Premiar” al cuestionado Jesús Torres Saravia con el cargo de gerente general del Proyecto Chira Piura pese a estar en el ojo de la tormenta por el escándalo de las cartas fianza, no le sirvió de mucho porque tuvo que destituirlo pocos días después luego que el Ministerio Público le dictara orden de captura; si bien sorprendió a muchos, era de esperarse dado que -en opinión del exgobernador Javier Atkins-, por alguna razón que oculta, la prioridad del gobernador sería el obedecer órdenes que vienen desde APP en Trujillo.