Y mientras los ojos de la mayoría de piuranos está puestos en la lentitud de las obras de mitigación ante El Niño, el encarecimiento del limón, la nula cosecha de mango para este año, las pérdidas millonarias de los productores, el desempleo, los asaltos, etc. algunos graves problemas van quedando de lado en perjuicio de las víctimas. Uno de ellos es el acoso escolar y en las universidades.

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Lamentablemente, cada vez son más las denuncias sin embargo no ocurre lo mismo con las sanciones a los responsables. Solo en 2022, a nivel nacional, hubo casi 1.500 reportes, la mayoría referidos a hostigamientos y tocamientos indebidos; y la tendencia de esta data, consignada en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, es a incrementarse de manera sostenida.

Son muchos los casos en los que, a pesar de figurar en la base de datos de SíseVe como cerrados y atendidos, en realidad el problema no ha sido resuelto.

Una de estas dolorosas experiencias le tocó vivir a una escolar de Tacna en 2021. Ella denunció a su maestro por violencia sexual cuando la visitó en su casa por pandemia y, aún estando el caso a nivel de Fiscalía, actualmente el acusado solo ha sido suspendido dos meses sin goce de haber; luego, increíblemente, fue habilitado para seguir enseñando. La víctima ha tenido que toparse con él. Sin embargo, en los registros oficiales, el caso sigue figurando como resuelto.

Con este nivel de tolerancia de parte de algunas escuelas y las UGEL, se entienden por qué los casos siguen subiendo. Y estos delitos también ocurren en las universidades, donde, si bien las autoridades deben informar semestralmente a Sunedu sobre las denuncias recibidas, muchas veces no lo hacen, precisamente porque las víctimas son intimidadas si no callan.

Al respecto, la Sunedu, que ha iniciado charlas preventivas en distintas universidades, debería entender que si lo que busca es frenar y sancionar el hostigamiento sexual en las casas superiores de estudios, lo más eficaz no es gastar recursos en reuniones burocráticas, sino trabajar más de cerca con las víctimas y la Policía para identificar y sancionar severamente a los acosadores, logrando un efecto disuasivo en quienes quieran cometer el mismo delito.