El último miércoles, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, anunció oficialmente el envío a Piura de un primer lote de vacunas para inmunizar a los adultos mayores de 80 años. También dijo que para inocularlas, aquí y en otras regiones se empleará la misma estrategia aplicada en Lima; es decir, que se usará como base de datos el padrón del Reniec y no se preguntará a los asistentes si tienen o no seguro de salud.

Sin embargo, poco antes del inicio de las jornadas de inmunización y cuando miles de beneficiarios ya se habían registrado en la web #PongoElHombro del @Minsa_Peru, el Gobierno Regional, irresponsablemente, ha creado en paralelo una página para la inscripción.

Como ya se ha hecho costumbre en los altos funcionarios regionales, con este tipo de acciones generan confusión y caos justo cuando los piuranos, sus instituciones y autoridades habían logrado mediante enérgico pronunciamiento y campaña en redes sociales, el envío de las primeras dosis para este grupo etáreo.

Es inaceptable que en lugar de sumar, quienes tienen a su cargo la lucha contra la pandemia en la región pongan este tipo de trabas, nadie sabe con qué propósito, sin importarles perjudicar a los más vulnerables. Irónicamente, hoy, Día del Idioma, estamos ante dos lenguajes diferentes.

Una vez más sale a relucir la improvisación y la burocracia que retrasarán algo tan importante para salvar vidas.

¿Qué necesidad había de duplicar esfuerzos si ya hay un padrón nacional? Como si no fuera suficiente, aunque el Ejecutivo asegura que todo estaba coordinado y consensuado con los gobiernos subnacionales, hasta ayer miles de piuranos no estaban registrados en el padrón nacional.

Sería más grave aún que en las semanas y meses venideros los ciudadanos permitamos nuevos atropellos. Basta ya. No olvidemos que durante las jornadas de vacunación de médicos ya se cometieron graves irregularidades, como los evidentes privilegios para una familiar del gobernador y algunos de sus funcionarios amigos.

De allí nuestra insistencia para que desde las instituciones defensoras de los derechos y de la ley como Defensoría, Fiscalía y Policía Nacional, se evite este tipo de despropósitos involucrándose más en la tarea de prevenir y fiscalizar el proceso. ¿Permitiremos, como teme un consejero regional, un vacunagate en el GORE?