Si tuviéramos que elegir una escena de las muchas que ocurren a diario en la región debido a la gravísima ola de inseguridad que enfrentan los piuranos, la más indicada es la de Soledad (omitimos su nombre por ser menor de edad), escolar de 15 años, enfrentándose con un lápiz a un delincuente armado que no tendrá problemas en presionar el gatillo cuando ella se resista al robo de uno de los bienes más preciados para una escolar en tiempos de redes y pandemia: su celular.

Mientras ella está a punto de recibir un disparo en la cabeza que la dejará al borde de la muerte, cuando está a punto de engrosar las estadísticas escalofriantes de una región con más 2 mil 400 robos y medio centenar de homicidios, solo hasta la primera mitad del año; la burocracia estatal seguirá encarpetando en las oficinas del Ministerio del Interior los pedidos para declarar la región en emergencia por la incesante espiral de crímenes, cuyo epicentro es Sullana.

Soledad, que hasta el cierre de esta edición permanecía sedada y con pronóstico reservado después de una operación de más de 5 horas en el hospital de Sullana, es el símbolo de una sociedad abandonada a su suerte por un Ministerio del Interior y un Gobierno que solo se ha dedicado a contar muertos y heridos.

Cada hora en el Perú hay 570 nuevas víctimas de delitos como hurtos, robos, vio lencia contra la mujer, feminicidio, homicidio calificado y asesinato. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado para proteger a los ciudadanos? Guardar silencio, usar políticamente a los ronderos, llevar a los prefectos a Palacio, desprestigiar a las propia Policía y a las FF. AA. y cambiar ministros, sobre todo el de Interior.

Ello explica por qué, según el INEI, solo se denuncia uno de cada cinco delitos en las comisarías del país.

Como si no fuera suficiente con el alza de precios que ahoga a los hogares, hechos como el de Soledad obligan a muchos padres a reducir su gastos de alimentación para colocar tranqueras, enrejar sus casas, instalar cámaras, pagar vigilantes particulares o simplemente rezar. El perjuicio para la economía del país y el sector privado es evidente. Según el Banco Mundial, el 60% de las empresas en Perú y América Latina se ve obligado a usar recursos en seguridad privada, con gastos que representan entre el 2% y el 6% de su facturación anual.

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