La lucha contra la inseguridad ciudadana en la región ha entrado en un círculo vicioso.

Mientras los altos mandos de la Policía insisten en que los niveles del accionar delictivo no ameritan declarar a la región en emergencia, la realidad indica que la ola de crímenes y robos se está desbordando en varios puntos. Castilla es un ejemplo de ello. Aquí ya no es necesario estar en una calle solitaria o en la salida de centros comerciales o universidades para sufrir un asalto: las familias sufren robos, literalmente, en la puerta de sus casas y, cuando dejan solos sus inmuebles por mucho tiempo, lo más probable es que al volver ya no encuentren su dinero, computadoras, joyas, ni los electrodomésticos.

Los ciudadanos exigen que alguien les explique por qué mientras el accionar de los carteristas, raqueteros, marcas y hasta bandas de pirañitas no da tregua en solo treinta de los focos críticos de la ciudad, el máximo representante de la Policía señala que “no es necesario declarar en emergencia a la región Piura porque aquí no se dan los indicadores”.

¿Cuáles son los indicadores que se necesitan para que, por ejemplo, la urbanización Miraflores, el caserío Miraflores, San Bernardo, El Indio y Tacalá dejen de encabezar las estadísticas de actos delictivos en uno de los distritos más golpeados y abandonados por sus autoridades? ¿Cuántos crímenes más deben perpetrarse en el centro de Piura y en la peligrosa Sullana, donde cada 24 horas hay un crimen?

No cabe duda que con el Gobierno de Castillo, la inseguridad que ya venía mal antes de la pandemia, recrudeció este año por el incremento de la pobreza a niveles históricos, y también debido al abandono del Estado. Primero fue la crisis en el sector desatada por el presidente en su afán de ningunear a su ministro Avelino Guillén para imponer a un nuevo jefe de la Policía a su medida.

En su reciente visita, el ministro del Interior y el comandante general de la Policía señalaron que se evalúa declarar a Piura en emergencia y que para la decisión se necesita un informe de la criminalidad elaborado por la Macrorregión PNP. Sin embargo, el jefe de esta última asegura que ya ha enviado dos informes y Lima no ve necesario aplicar esa medida. Mientras los jefes juegan al teléfono malogrado, los piuranos se sienten cada vez más inseguros.

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