Lo que el presidente Pedro Castillo olvida es que la lobista Karelim López se ha acogido a un sistema que intercambia beneficios por información sustentada con pruebas.

No puede mentir pues de otra manera el acuerdo se caería y López pasaría a ser procesada sin opción a negociar nada. Es una lástima que un gobierno que representó en sus inicios una cachetada a la política tradicional y a treinta años de crecimiento espléndido aunque sin desarrollo en el más democrático sentido de la palabra, y un salto de fe en medio del escepticismo y la desesperanza del bicentenario, pueda terminar en medio de escandalosas denuncias de corrupción.

Frente a ello, el Gobierno no ha hecho más que negar todo. Quizás sea una estrategia para ganar tiempo mientras se elabora una táctica más compleja, una defensa que no consista solo en decir que se solicitará la anulación de un testimonio revelador solo porque se filtró a la prensa, sino que pueda librar de responsabilidad a Castillo. La tarea es difícil pues, al parecer, la red de corrupción se extendía a todos los niveles del Ejecutivo e, incluso, llegaba al Congreso. Pero el Gobierno no solo estaría considerando la alternativa de la defensa legal: el irresponsable llamado de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y para muchos responsable de gran parte de esta situación, ha llamado a sus adeptos a salir a las calles a defender la credibilidad tullida de una gestión herida por mano propia. ¿Qué pretende el ala extremista del partido gobernante? ¿Sembrar muertes para insistir en la narrativa del golpe desde la derecha?

Seamos francos: es cierto que desde la proclamación de los resultados electorales hubo un grupo interesado en vacar a Castillo basándose en un inexistente fraude, así como en el supuesto carácter comunista y dictatorial del gobierno; caídas estas historietas, ha sido el propio Ejecutivo el que ha creado las condiciones para una posible caída: designaciones polémicas, contrarias al espíritu de la democracia, insensibilidad frente a los problemas del país, autoritarismo interno que impedía la coordinación de políticas de Estado, inexistencia de un plan para salir de la crisis, corrupción escandalosa, búsqueda del conflicto como arma política, acercamiento a peligrosos regímenes, reducción de la agenda de gobierno al manido asunto de la nueva Constitución, etc. Ha sido un suicidio político.