A las innumerables críticas y reclamos de parte de los colegios profesionales, colectivos ciudadanos, sector privado y líderes sociales para que las autoridades del Gobierno salgan de su letargo y agilicen las obras de prevención ante El Niño que se avecina, se sumó esta semana Defensoría del Pueblo.
En un contundente informe, la entidad defensora de los derechos exhorta al Gobierno en sus tres niveles a ejecutar con urgencia los recursos asignados para hacer frente al fenómeno El Niño y lluvias intensas.
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Les pide disminuir la alta vulnerabilidad de la población, sus medios de vida y demás infraestructuras públicas y privadas expuestas ante los citados desastres naturales. ¿Qué se les pide hacer exactamente? Priorizar la ejecución del gasto destinado a la reducción de riesgos, mitigación y preparación ante la proximidad de lluvias intensas, inundaciones, huaicos y El Niño
La defensora adjunta para la Administración Estatal, Eugenia Fernán-Zegarra, ha ido más allá y les recuerda su obligación legal de proteger la vida y la integridad física de las personas; asimismo su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a los desastres que puedan ocurrir.
En lenguaje sencillo, les recuerda a las autoridades del Ejecutivo, gobernador y alcaldes su deber básico de respetar la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Autoridades locales, regionales y nacionales no pueden simplemente guardar silencio sobre los 3 832 487.967 asignados a través del Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Y es que hasta la semana pasada solo ocho gobiernos regionales asignaron recursos para el mantenimiento de cauces de ríos, drenaje pluvial y otras obras de prevención.
En Piura increíblemente la descolmatación del cauce del río Piura, en el tramo entre la presa Los Ejidos y el puente Bolognesi, debería estar ejecutándose a toda máquina, pero no es así. Sigue sin fecha de inicio, generando incertidumbre e indignación en la población. El ANA, que recibió más de 80 millones para descolmatar puntos críticos del río, ignoró el tramo urbano. No logra ponerse de acuerdo con el GORE, para iniciar los trabajos. ¿Qué espera la Fiscalía de Prevención del delito para intervenir?
