La sentencia emitida contra el colega Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, una historia de la fortuna sospechosa del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, es una sentencia contra los más elementales derechos a la expresión, a la información y a la opinión.

Condenar a un periodista por citar a otras fuentes y ejercer su profesión confiando en las garantías que otorga cualquier país que se precie de ser libre, sienta un pésimo precedente para esta actividad tan necesaria no solo para la información de la ciudadanía, sino para el fortalecimiento de la democracia. La justicia debe corregir este despropósito que no solo quiebra la confianza en la institucionalidad, sino que persigue innecesaria y arbitrariamente a quienes se esfuerzan por esclarecer hechos presuntamente vinculados con el delito y la corrupción, más aún cuando el personaje en torno al cual giran tales cuestionamientos pretende algún día convertirse en presidente del Perú y se muestra en la actualidad como uno de los socios del actual gobierno.

Pero no nos confundamos, el tema no es si Acuña tiene el poder para torcer la justicia o la situación individual del periodista Acosta y otros involucrados en esta infame resolución: lo realmente preocupante es el debilitamiento intencionado, a través de los tribunales, de la investigación periodística. El caso particular trasciende este vergonzoso episodio y podría instalarse como una nefasta jurisprudencia que, casualmente, coincide con los esfuerzos actuales de ciertos políticos poderosos de silenciar a la prensa independiente.

Este baldón a la inteligencia, de ser confirmado en otra instancia, se traducirá en una mordaza intolerable en una sociedad que ha transitado los oscuros caminos de la dictadura y la censura y que no puede permitirse repetir ese tortuoso paseo por la ignominia colectiva.

Una nación libre está obligada, a través de sus instituciones, a proteger las libertades fundamentales: un juez no puede decidir qué fuente es confiable y qué opinión es valedera; un político no puede usar a los entes del Estado para censurar las críticas ni pretender que la ciudadanía sea cómplice de este abuso.

Lo que Acuña Peralta no ha advertido es que esta jugada lo aleja mucho más de sus pretensiones presidenciales.