Los líderes políticos de la oposición han anunciado que no sostendrán ningún diálogo con el presidente Pedro Castillo, que la única manera de escucharlo será cuando dé sus explicaciones ante el Congreso de la República.

Esto contradice el comunicado emitido por Palacio de Gobierno que señala una serie de conversaciones presuntamente pactadas con la derecha con el supuesto objetivo de encontrar una solución menos traumática a la crisis que vive el país.

No obstante, olvida el presidente Castillo que las crisis y las sospechas de corrupción y las negligencias cometidas por su entorno -que no solo han costado puntos a la gobernabilidad, sino que también han provocado un daño profundo a la economía nacional- no se resuelven con un cafecito y con una expresión de buenas intenciones.

La política es un oficio duro, en el que los hechos, las acciones, cuentan más que los discursos: hasta el momento, el presidente, con su negativa a dirigirse con transparencia al país, no está contribuyendo a crear un clima de confianza que permita a la oposición iniciar el diálogo. Su falta de claridad ideológica y pragmática está abonando el camino de la vacancia, una salida que a casi cuatro meses de iniciada la gestión, parece ser la más viable para reorganizar el país sobre bases auténticamente democráticas.

Por otro lado, lo que las investigaciones periodísticas demuestran es que el entorno más cercano al presidente Castillo reconoce que ha habido negligencia para coordinar, para comunicar y para estructurar mejor el trabajo de la presidencia; que ha habido incompetencia para gobernar y que el presidente Castillo “se ha dado cuenta tarde”.

Habría que agregarle que esta negligencia no se nota cuando se coordina una extensa red de presunta corrupción que alcanzaría, incluso, a ciertos líderes políticos de comportamiento cuestionable. La red de privilegios sobrepasa el ámbito partidario para mezclar su trama con la de los favores otorgados a una especie de “guardia pretoriana” que intenta, incluso, frenar la difusión de reportajes a cambio de la palabra del mandatario, una palabra que debería ser libremente dirigida hacia toda la ciudadanía, no como un artículo de trueque, sino como una obligación moral propia del primer ciudadano del Perú.