Lograr la confianza de inversionistas extranjeros y peruanos pidiéndoles confiar solo porque el presidente lo dice, no hará que el país tengan la estabilidad que requiere con urgencia para crecer y salir de la crisis.

Si bien el discurso presidencial en Estados Unidos (“No hemos venido a ahuyentará los capitales… los llamo a invertir en el Perú sin desconfianza”) ha sido calificado como señal de apertura a los mercados, ahora es indispensable que el Gobierno pase de las palabras a la acción.

Así lo ha entendido el ministro de economía Pedro Francke al asegurar ayer a los empresarios norteamericanos que en la agenda del Gobierno no está promover una Asamblea Constituyente. Hasta allí podría pensarse que por fin el equipo técnico del presidente logró que el Ejecutivo retome el camino de la sensatez. El problema es que los pasos que intenta dar el Ejecutivo se encuentran con las piedras que le va poniendo al Gobierno, Perú Libre y Vladimir Cerrón.

Tal como era de esperarse, mientras el jefe de Estado pedía confianza a los empresarios que reclaman reglas claras y estabilidad para invertir y generar empleo, Perú Libre a través de sus congresistas saboteaban a la comitiva peruana en Washington, al insistir en promover un proyecto de ley que plantea convocar a un referendo para cambiar la Constitución, vía una Asamblea Constituyente.

Una vez más el confiar o no en lo que dice el presidente lleva a la pregunta de ¿quién gobierna el país?. Responder a la sencilla pregunta es urgente para que los peruanos sepamos lo que viene para el próximo año. Estabilidad y crecimiento o más incoherencias, más inflación y debilitamiento de las instituciones y libertades.

Es difícil saber si Castillo quiere realmente sacar al país de la crisis como lo afirma o solo dice lo que millones quieren escuchar para distraer. Sus palabras se están volviendo vacías porque las contradice PL. Así, mientras él sale a decir a los líderes mundiales que en el país se respetan las libertades; en el Congreso los alfiles de Vladimir Cerrón arremeten presentando un PL con el que no solo se pretende debilitar los medios de comunicación a los que el exgobernador sentenciado y Bellido atacan sistemáticamente acusándolos de representar a grupos de poder, sino que atenta abiertamente contra la libertad de expresión.