Faltando poco más de tres meses para que asuma el mando del país quien gane las Elecciones del 6 de junio, la directora de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno, acaba de anunciar, a través de El Tiempo, que nada ni siquiera el presidente de la República, Francisco Sagasti, puede garantizar -entiéndase asegurar- los fondos para las obras de Reconstrucción.

Es decir, luego del cambio de gobierno, la llegada de partidas, el que se agilice o desaceleren los proyectos contemplados, dependerá de las nuevas autoridades. Así de simple.

En un plano ideal, los proyectos no tendrían por qué verse afectados. Quien asuma las riendas del país y su equipo tendrían que detectar errores para hacer los correctivos necesarios, pero sobre todo introducir mejoras viables, simplificar la aprobación de proyectos para, por ejemplo, evitar que el río Piura siga siendo un riesgo para los piuranos cada vez que llueve.

Repetimos, eso es lo ideal. Lo real es que, luego del cambio de tres presidentes que pasaron por Palacio en tan poco tiempo, el proceso llega golpeado y, sin dejar de reconocer los aciertos de su actual directora, a estas alturas no sabemos cuál será el futuro de la Reconstrucción.

Más allá de los errores denunciados, principalmente la falta de celeridad por parte de algunas unidades ejecutoras, el año pasado afortunadamente el proceso no sufrió cambios drásticos como se temía, como la salida de técnicos especialistas en el mecanismos de Gobierno a Gobierno.

Todo indica que el presidente Francisco Sagasti y la premier Violeta Bermúdez entendieron que, tratándose de un Gobierno de transición, lo más viable era optar por la continuidad de lo avanzado. Sin embargo, ahora es mucho más impredecible el futuro de importantes obras de gran impacto social y en la economía regional, no solo porque no sabemos quién ganará las elecciones, sino porque aún no se ha hecho una investigación seria
sobre lo avanzado.

El contralor general Nelson Shack ya ha adelantado que hay irregularidades como un perjuicio causado al Estado de 16 millones de soles por el que los funcionarios a cargo de algunas unidades ejecutoras tendrán que rendir cuentas.

Ante este panorama, lo menos que podemos hacer los electores piuranos y los de todas las regiones comprendidas dentro de la Reconstrucción es pensarlo muy bien antes de emitir el voto este 6 de junio. De esa decisión depende que estas obras satisfagan necesidades postergadas desde hace décadas o que las cosas empeoren, en perjuicio de todos.