Si se confirman las denuncias del exdirector del hospital de Sullana, sobre presiones para direccionar el otorgamiento de servicios de esa institución a favor de proveedores vinculados al gobernador, el Ministerio Público tendrá la oportunidad de sentar un gran precedente en la administración de justica y de demostrarles a los piuranos que nadie, incluidos quienes están en el poder, está por encina de la ley.

Es saludable que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana haya reaccionado rápidamente iniciando una investigación de oficio, en base a las declaraciones del valiente exfuncionario, quien -según se pudo confirmar- ya brindó su manifestación ante esa instancia defensora de la legalidad, a cargo del fiscal Luis Ramos Rioja.

Lo mínimo que debería hacer la primera autoridad de la región, y por una cuestión de respeto a los piuranos, es convocar a una conferencia de prensa y, si nada tiene que temer, hacer los desmentidos y las aclaraciones debidas.

Hasta ayer no era así. Muy por el contrario, se pudo confirmar que, mediante carta notarial, pidió  al exdirector despedido que se retracte de sus declaraciones. Este último no solo se ha ratificado en sus denuncias, además asegura que entregará al fiscal su celular con pruebas de sus cuestionamientos.

Su actitud debe llevar a reflexión a muchos otros funcionarios de las diversas dependencias del Gobierno Regional y subregiones a fin de no agachar la cabeza y denunciar en caso estén recibiendo similares presiones dar un mal uso a los recursos del Estado.

A su vez el Jurado Nacional de Elecciones debería estar vigilante de este delicado caso que ha motivado la preocupación del vicegobernador y consejeros regionales ante el riesgo que -en su opinión- corren los fondos públicos que manejan aquellas áreas del GORE a cargo de funcionarios candidatos a municipalidades y al GORE, y que postularán a nombre del partido oficialista.

Preocupa al Consejo Regional que, además del caso de Sullana, desde las altas esferas del GORE se esté designando personajes del partido oficialista en puestos clave, en áreas y unidades ejecutoras donde se manejan recursos. ¿El objetivo? ¿Captar recursos para la campaña política?