A pocos días de terminar el año, la cifra de secuestros en el 2023 supera las 3 mil. Si comparamos este número con los registrados en años anteriores, veremos una tendencia: 2.860 y 3.398 raptos ocurrieron en 2021 y 2022, respectivamente. Hay que recalcar que estas cifras corresponden a denuncias, pues los expertos coinciden en que existe otro universo de casos en cuya resolución la Policía Nacional no ha participado.

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Recientemente, hemos visto el caso de la adolescente de 12 años de edad, Valeria, la joven raptada en Comas (Lima) y que fue liberada luego que la familia optara por sacar del asunto a la Policía y negociar por cuenta y riesgo propio la integridad de Valeria. Al respecto, la PNP ha permitido que la familia asuma la responsabilidad toda que la doctrina internacional sobre secuestros invoca a poner constantemente la vida del secuestrado por encima de otra circunstancia.

Lo que nos preguntamos es qué mueve a las familias a querer negociar con los hampones sin permitir la actuación de las autoridades. ¿No crea esto condiciones de impunidad peligrosas para el resto de la sociedad? Creemos que sí; que, efectivamente, la Policía, así como la justicia y otras instancias, deben cumplir la labor que la misma sociedad les ha encomendado. Proceder de otro modo no solo conlleva riesgos innecesarios, sino que mina la confianza propia de la institución. ¿Acaso las familias peruanas ya perdieron toda la fe en la Policía, como en el Congreso, en el Ejecutivo, en los “empresaurios” y en todos aquellos que, en su afán de mantener cierto status quo perverso, actúan de espaldas a las necesidades concretas de la ciudadanía?

Mientras la sociedad resuelve en quién confía más, si en el policía o en el secuestrador, la cifra de secuestros, extorsiones y similares aumenta. No sería raro que este año rebasemos la marca impuesta el año pasado. Como lo dijo hace dos días el general PNP (r) Danilo Guevara, el secuestro de Valeria “simboliza lo mal que estamos en materia de seguridad ciudadana”. Vivimos tiempos extremadamente violentos, y es precisamente ahora cuando necesitamos confiar nuevamente en las instituciones, pero esta confianza no debe ser una firma sobre un papel en blanco, sino que debe corresponderse con el compromiso de las autoridades de actuar bien.