Los peruanos le debemos a la valiente magistrada Bonie Bautista, titular de la Fiscal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Junín, el gran paso que ha dado el caso de los Dinámicos del Centro al ser enviado a Lima para ser investigado por un tribunal nacional neutral y ya no en el nivel regional, donde Vladimir Cerrón y sus coinvestigados (incluidos sus familiares y el propio premier Guido Bellido) habrían logrado una enorme y evidente cuota de poder e influencia no solo en la población sino a nivel de algunos estamentos del Estado.

Es importante que el médico, cuya constante intromisión en el Gobierno es uno de los principales elementos desestabilizadores y de confrontación en el país, haya reaccionado diciendo que no tiene temores por esta nueva etapa en la que ha sido incluido en las investigaciones. Determinar cuánto antes la situación legal de este señor y que le caiga todo el peso de la ley, de comprobarse -claro está- su responsabilidad con las pruebas presentadas por Bautista y todas las que puedan acopiar la Fiscalía de competencia nacional; le hará un enorme bien no solo al Gobierno sino al urgente diálogo y consenso que necesita el país en estos momentos.

Y es que no se trataría de un simple integrante de la organización criminal que traficaba ilegalmente con licencias de conducir, contrataciones de personal y cobros a trabajadores en la Dirección de Transportes de Junín, con el fin de recaudar fondos para financiar la campaña de Perú Libre, en los años 2020 y 2021. Cerrón, a decir del fiscal Rafael Vela, estaría “en la cúspide” de esta red mafiosa.

Según declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, y en las que se basa la fiscal Bautista, la organización delictiva habría operado en Junín, Satipo y Lima.
Establecer el grado de influencia del “doctor” en el nombramiento de personajes sin perfil técnico y con antecedentes delictivos en cargos claves para la marcha del país, es otra de las cuestiones que debe investigarse.

En ese sentido, en los próximos meses será decisivo el control social por parte de la ciudadanía no solo mediante marchas, como la realizada ayer en Piura y a través de críticas constructivas en redes sociales; sino también exigiendo una minuciosa fiscalización de la gestión pública y el manejo de recursos, como lo ha ofrecido Contraloría.