En un país con enorme polarización, como el Perú, en algo estamos de acuerdo luego del vergonzoso último lugar en el que que cayó el martes la Selección Nacional: necesitamos cambiar de entrenador y de comando técnico. Sin un líder realmente capaz que sepa seleccionar a los mejores y articular todas las piezas hasta lograr que el equipo funcione eficientemente, no podremos volver a ir a un mundial. Sin embargo, el DT insiste en no irse y quienes tienen facultad para enviarlo a su casa no saben cómo solucionar el tema. Nos estamos acostumbrando a la mediocridad y a la poca vergüenza.

En la administración pública ocurre exactamente lo mismo. De acuerdo a los especialistas, en Piura y en el país persiste una cultura muy arraigada en el ámbito ciudadano y es la de no entender la importancia de tener personas idóneas en la función pública.

Esta mala costumbre nació hace muchos años pero alcanzó su máxima expresión durante el Gobierno de Pedro Castillo, cuya gestión destrozó la institucionalidad y la meritocracia, generando una altísima factura que los peruanos ahora pagamos y de la que nos costará varios años recuperarnos.

De acuerdo a un alto directivo de Servir, las autoridades en Piura, como en otras regiones, aún no entienden la importancia de tener cuadros de funcionarios mejor preparados, para una gestión eficiente. Muestra de ello es que este año durante una evaluación a 12 instituciones hecha por Contraloría, en alianza con Servir, se ha detectado hasta 24 casos en los que no se acredita el cumplimiento de los requisitos. Es decir, en los legajos personales de los evaluados no se encontró la información en el momento de la supervisión, debiendo subsanar de lo contrario serán separados del cargo.

Si bien estas acciones pueden atenuar en parte el problema, este no termina con las inspecciones. Ante tantas obras mal hechas, sobrevaloradas o paralizadas o ante tanto temor de los funcionarios y autoridades a ejecutar los presupuestos asignados justamente por su falta de eficiencia e idoneidad, es urgente discutir una ley que garantice a los ciudadanos la calidad de los funcionarios públicos. Si no se cambia el paradigma, no le ganaremos el partido a las pistas rotas, a la falta de prevención o a la crisis climática.