La Cámara de Comercio advierte que una nueva ley agraria que mantenga las propuestas de aumento salarial hasta en un 60% podría ocasionar pérdidas y la quiebra de muchas agroexportadoras. En general, los economistas coinciden en señalar que mejorar la vida de los trabajadores traería consigo graves consecuencias en la viabilidad de esta actividad en el país.

Sin embargo, creemos que el tema aún es bastante debatible. El proyecto de la nueva Ley Agraria no fue aprobado por el pleno del Congreso y se abre un nuevo y necesario capítulo de diálogo y consensos entre el Gobierno, los agroexportadores y los legítimos representantes de los trabajadores. La economía de mercado no puede sostenerse con desigualdades tan profundas, notorias e injustas, así como tampoco puede echarse por la borda la economía del país en aventuras colectivistas que distan mucho de la realidad.

Es posible idear mejoras y hacer que el sistema -el único que ha demostrado ser capaz de generar riqueza- genere oportunidades y comodidad para todos. Si hay economistas que plantean que cualquier intento de corrección del mercado implica la quiebra del sistema, debemos responder que a lo largo de la historia se han hecho regulaciones diversas que han ayudado a que el sistema de producción siga operando y ofreciendo beneficios. Cuando los abismos entre unos y otros parece insalvable, aparecen la violencia y el caos como respuesta, una respuesta indeseable frente a la necesidad de concordia nacional. ¿Puede el Estado prevenir la violencia? No nos cabe duda de que el mantenimiento de la paz social mediante una mejor distribución que haga más justa la vida en el campo es una obligación estatal.

La salida a este problema debe ajustarse a la letra de la ley y debe comprometer a todos los sectores involucrados en la construcción de una economía realmente inclusiva, sensata y no mezquina, que sirva para crear mejores condiciones de vida. El Congreso tiene la oportunidad de idear un mejor instrumento legal que reconozca el derecho de los trabajadores del campo a una vida digna y que proteja al mismo tiempo el derecho de los inversionistas y empresarios a obtener ganancias lícitas. En estos días de renovados extremismos, mantener la racionalidad es urgente para asegurar el crecimiento y el desarrollo.