Luego de las profundas huellas dejadas en la economía por la pandemia y las constantes crisis, los peruanos estamos preocupados por el manejo que el nuevo gobierno haga de esta importante cartera, de la cual depende en gran medida el equilibrio de poderes.
Tan pronto se conoció la designación del exgobernador de Amazonas, José Arista, como reemplazante de María Antonieta Alva, una de las preguntas de los expertos fue: ¿cómo alguien que está obligado a hacer un manejo responsable de la caja fiscal, logrará superar las inevitables fricciones con un Congreso de corte abiertamente populista, el cual en su intento de congraciarse con la población indignada, insistirá en “repartir regalos” como la pretendida devolución del 100% de los fondos de la ONP?
Ceder a propuestas irresponsables como esta sería un despropósito, más aún en esta delicada situación económica que atraviesa el país y que obliga a quien toma las riendas del MEF a ser escrupulosamente responsable y prudente. Imprimir el ritmo justo a la más delicada de las carteras pasa por mejorar la calidad del gasto público y hallar maneras inteligentes de aumentar la recaudación, lo que no es nada popular como las medidas que el nuevo Gobierno probablemente intentará aplicar, ante su precaria legitimidad social.
¿Estará a la altura de las circunstancias quien, en el 2018, como ministro de Agricultura desató gran controversia por su mal manejo de la crisis de los productores de papa?
El panorama económico no pinta nada alentador. Tras la caída de los ingresos tributarios y corrientes del gobierno y el incremento de los gastos no financieros (7.6%), incluido por ejemplo el pago del Bono Familiar Universal; el déficit fiscal acumulado -de los últimos 12 meses- aumentó. Se levó de 6.2% del Producto Bruto Interno (PBI) en setiembre a 7.2% del PBI en octubre, según el Banco Central de Reserva (BCR).
En este difícil escenario, el señor Arista tiene en sus manos la obligación de remar seguro, pese a la presión por las demandas de la población y a la persistencia populista de los congresistas vacadores para impulsar proyectos controversiales como la devolución de aportes de la AFP e, incluir a su antojo proyectos de su agrado en Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2021.