Los afiliados de la ONP, menores a los 65 años, despertaron felices con la ilusión de cobrar hasta 4 mil 300 soles de sus aportes, al ser publicada ayer la ley en el diario oficial El Peruano. La realidad, sin embargo, es otra y no será tan fácil acceder a ese dinero. Por un lado, el Ejecutivo tiene 15 días de plazo para publicar el procedimiento operativo para las devoluciones.
Sin intención de ser aguafiestas, se prevé hasta 30 días más –adicionales-, para que el Ejecutivo reciba las solicitudes de los afiliados y responderles si es factible cobrar o no. Hasta allí, ya pasaron 45 días en que, paralelamente, el gobierno de Sagasti habría presentado una demanda al TC pidiendo declarar inconstitucional esta ley. El TC demoraría, según juristas, hasta 45 días en responder.
El Ejecutivo, sin embargo, tiene otra herramienta para impedir que le hagan un forado a su caja fiscal: presentar una medida de “Imposibilidad Material” que paralizaría la ejecución de esta norma hasta que el TC se pronuncie. Esto es factible dada la situación de pandemia, lo que ha obligado al Estado a endeudarse internacionalmente; por tanto, no se puede repartir lo que materialmente no existe (dinero).
