El gran tema de debate de los últimos meses ha sido la necesidad de una nueva Constitución.

Para el oficialismo y la izquierda en general, la respuesta es que sí es necesario un cambio de carta magna que, principalmente, plantee un nuevo rumbo económico, con mayor participación estatal y con ciertas restricciones que, en teoría, reivindicarían el papel de la ciudadanía en la producción frente al empresariado y los capitalistas.

Sin embargo, la derecha, y muchos políticos y analistas identificados con el centro político han respondido que se puede hacer modificaciones sustanciales sin tocar el marco constitucional, que existen mecanismos establecidos por la propia ley para hacer tales cambios y que el capítulo económico de la Constitución de 1993, con todas sus limitaciones, ha establecido las reglas de juego que contribuyeron al crecimiento de los últimos treinta años. Para estos analistas, juzgar a la Constitución desde una perspectiva puramente política nos conduciría a un reduccionismo falaz e injusto, pues olvidamos que el orden jurídico también sienta bases económicas sin las cuales el Estado y la sociedad toda caerían en el caos.

Es muy probable que la solución a este debate se encuentre en el punto medio, lejos de aquellas posturas maximalistas que pretenden rehacer el marco legal del país motivados más por buenas intenciones que por criterios sólidos; y lejos también de aquellas opiniones que rechazan toda evolución y caen en dogmatismos neoliberales que, treinta años después de su instauración en el país, merecen una revisión y una puesta al día. Lo importante es que toda actualización y mejora se haga dentro de lo que la ley ordena, pasando por la discusión congresal y considerando planteamientos técnicos.

Respecto a esto último, es necesario ver la realidad de las regiones porque los cambios, si los hubiera, no pueden partir de una idea abstracta del país, sino de sus condiciones concretas. La Constitución del 93 ha favorecido, como al resto del Perú, al crecimiento de Piura. El milagro de la agroexportación, por citar uno de los ejemplos más saltantes, ha sido posible, entre otras causas, por el ordenamiento legal que lo ha precedido. Entonces, es necesario revisar que los ajustes que quieran hacerse al capítulo económico de la carta magna realmente signifiquen la posibilidad de seguir desarrollándonos.