La salida del ministro de Defensa, Walter Ayala, lamentablemente, no solucionará la nueva crisis que el propio Ejecutivo ha provocado con el pase al retiro de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea para encumbrar a oficiales “recomendados” y, presumiblemente, adeptos a las exigencias políticas del Gobierno.
Hace pocos días, El Tiempo manifestó su rechazo a la manera como el Ejecutivo construía su relación con las Fuerzas Armadas, pues se sospechaba que buscaba crear un vínculo de sujeción política que podría poner en peligro a la democracia y el Estado de derecho. El hecho que encendió las alarmas fue la orden dada al Ejército de colaborar con la Policía en la lucha contra la delincuencia, una decisión bastante polémica que provocó la inmediata reacción de la oposición parlamentaria. Para este bloque, el presidente Castillo pretendía crear una guardia que, eventualmente, pudiera servirle para saltar las vallas legales, proclamar su anhelada asamblea constituyente y enfrentar eficazmente a la oposición cívica. Para poder blindarse y garantizarse la adhesión de los uniformados, Castillo debía contar con comandantes de su confianza, pero el paso dado a través del ministro Ayala fue un error garrafal.
Esta crisis afecta indudablemente a la imagen del Ejecutivo que hace pocos días obtuvo la confianza del Congreso y que recientemente ha solicitado facultades legislativas para emprender una reforma tributaria que muchos especialistas han calificado de inoportuna dado el contexto de la pandemia y en pleno proceso de reactivación económica. ¿Será posible que puedan tenderse puentes de diálogo entre el Gobierno y el parlamento cuando la confianza parece estar rota, cuando Castillo y sus ministros no dan muestras de entender cómo funciona la democracia?
Hay un tercer actor que se encuentra en medio del fuego cruzado de la política: la ciudadanía. ¿Cuál será su posición después de este aparente intento frustrado de copar las Fuerzas Armadas y quebrar la democracia? En los años 90 vimos una situación similar, cuando Alberto Fujimori deshizo la institucionalidad apelando a la situación de emergencia que vivía el país. En los próximos días sabremos si hemos aprendido la lección de la historia.