Mientras la ciudadanía pone su atención en el curso de la agitada política nacional y la preocupante aparición de casos relacionados a la nueva variante Delta del coronavirus, la delincuencia y el crimen organizado siguen haciendo de las suyas. La Policía advierte que un nuevo baño de sangre podría producirse en Sullana debido al interés de ciertos grupos delincuenciales ligados a falsos sindicatos en las nuevas obras que se ejecutarán en la provincia.

La advertencia, en efecto, viene de un informe policial. ¿Qué harán nuestras autoridades con dicha información? Lo que se espera es acciones reales y contundentes, que se coordine con la Policía la lucha contra el sicariato y las extorsiones, que han sido obstáculos para que los grandes proyectos que la región necesita puedan concretarse. No solo la corrupción le roba tiempo y oportunidades a la ciudadanía: también están estos malvivientes que disfrazan su accionar delictivo y lo hacen pasar por gremios defensores de los derechos laborales, pero en realidad son matones a sueldos y criminales de la peor calaña, enemigos del orden público y del progreso de la sociedad que deben ser tratados conforme a sus actos.

Quizás este sea uno de los temas que una a la ciudadanía luego de meses de división profunda. La seguridad nos interesa a todos, sería insensato que en estas circunstancias un sector pueda ponerse del lado de quienes minan el desarrollo ya sea mediante la intimidación de saco y corbata o el bandolerismo. Por ello mismo, el futuro gobierno que emerja de esta crisis institucional debe hacer suya la bandera de la lucha contra el hampa organizada, depurar las organizaciones falsamente llamadas “de los trabajadores” e irrumpir en la escena para garantizar la estabilidad en las calles. También debe enfocar sus afanes en reformar las instituciones policiales y de justicia de tal manera que haya un trabajo mucho más coordinado y que no defraude al ciudadano. Con una Policía Nacional modernizada y con leyes que dejen de lado el garantismo que solo beneficia al delincuente, se puede avanzar en el ordenamiento y pacificación de las calles. ¿Por qué los políticos no redirigen sus afanes reformistas y sus críticas hacia el Código Procesal Penal y el empequeñecimiento de las fuerzas del orden en vez de soñar con el maximalismo de traerse abajo la Constitución? Es una sugerencia.