Entre treinta y cien soles le cuesta a un mayor de 60 años de edad reservar un lugar en las inmensas colas que se forman en los centros de vacunación de Piura. La desesperación por conseguir una dosis ha creado un mercado ilegal de cupos que, al igual que la demora en el proceso de vacunación, termina perjudicando a la población: en este caso, se llega al extremo de ponerle un precio a la salud, a la posibilidad de vivir.

Hablar del grado de deterioro moral al que ha llegado nuestra sociedad, al punto de hacer de la oportunidad de vivir un artículo de lucro, demandaría extensos párrafos que, sin duda, no llegarían a desentrañar el misterio de la deshumanización, del intercambio funesto de la solidaridad por el principio de oportunidad. ¿Cómo podríamos pedir que sea la misma sociedad la que, por sus propios medios y por su propia comprensión, cambie sus conductas desalmadas por otras altruistas, cuando tenemos a un ex presidente de la república capaz de vacunarse tres veces a pesar de estar envuelto en un caso de corrupción precisamente por este hecho? ¿Cómo podemos exigir más compromiso con los demás cuando hay 58 individuos, todos ellos relacionados al llamado “Vacunagate”, que han seguido recibiendo las demás dosis en la cara de nuestros actuales gobernantes y frente a toda una ciudadanía que sigue esperando su turno o lo compra? Ante estos casos, los de los vendedores de espacios en las colas de vacunación parece una travesura infantil.

No obstante, y más allá de cualquier explicación o justificación, son estos actos de microcorrupción los que tampoco deben ser tolerados. Es deber de la Dirección Regional de Salud (Diresa) custodiar que el proceso de vacunación se lleve a cabo con transparencia y con las garantías de que se vacunará a quienes les corresponda. Si la Diresa no es capaz de controlar esta situación, la vacunación seguirá siendo un dolor de cabeza más que un alivio y el Ejecutivo tendrá una excusa más para decir que en Piura las autoridades encargadas no son merecedoras de más vacunas para la población.

Mientras en otras regiones se avanza en el proceso, aquí seguimos estancados en el mismo grupo etario -mayores de 60- y, al parecer, son nuestros gobernantes los que deben rendir cuentas de por qué las gestiones de más dosis y presupuesto no dan resultado.