En los últimos días hemos asistido a un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Gobierno y la empresa privada (en este caso, las mineras). Para muchos analistas, hay un discurso confuso, ambiguo, en el Ejecutivo y poquísima claridad sobre lo que se quiere hacer respecto a los inversionistas.

Por un lado, el presidente Castillo y sus ministros -sobre todo, Francke- son conscientes del valor y la necesidad del capital privado en el Perú, más aún en estos tiempos de urgente reactivación económica. Al mismo tiempo, el Ejecutivo parece responder a imperativos ideológicos que los lleva a plantear una política de doble discurso, una escopeta de dos cañones, una política con verso, pero sin rumbo.

También existe la tesis de que en un sector de este Gobierno se crea la confusión de manera intencionada: el Consejo de Ministros, desde la cabeza, estaría ocupado en el sabotaje al presidente Castillo (aprovechando su aparente falta de voluntad política) y en la imposición de una agenda pretendidamente ambientalista, que hubiera tenido sentido hace veinte años, pero hoy no tiene respaldo alguno en la realidad. Según esta tesis, a Mirtha Vásquez – operadora política de Marco Arana y Verónika Mendoza- le tiene sin cuidado la vacancia; lo importante es dejar establecida una política antiminera que sea difícil de revertir.

¿Qué creemos nosotros? Creemos que, en efecto, hay una intención de pintar el problema de la minería desde una óptica ideologizada que, inevitablemente, le hace un enorme daño al país, pero esto queda en un segundo plano en tanto se cumplen objetivos supranacionales ya conocidos por todos: los del Foro de Sao Paulo, los de las internacionales que trabajan a las sombras de presuntas democracias (democracias nominales, en todo caso). ¿Qué papel juega el presidente Castillo en todo esto? Nosotros creemos que no es una víctima de las circunstancias, sino un peón más de esta enorme tarea anticapitalista, pero ha dejado el papel más difícil a los cuadros izquierdistas que son políticamente más sagaces.

Las fuerzas democráticas deben confluir para crear una barrera verdaderamente democrática que impida la culminación de un plan respaldado por intereses del exterior que cueste años de desarrollo y progreso al Perú.