Mientras se avecinan días más difíciles para más de 33 millones de consumidores debido a un complicado panorama económico mundial heredado por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, el Perú siguen sin encontrar el camino o la fórmula para hacer frente a la crisis alimentaria.
Según la encuesta nacional de intenciones de siembra, hasta el mes de marzo de este año, el agro peruano ha sufrido una caída de 1,1% en áreas sembradas, es decir, tenemos 1 millón 852 mil 182 hectáreas menos que en la campaña 2020-2021. Además, se avecina una nueva alza de los combustibles por cambio de octanaje y como si no fuera suficiente, el Gobierno y el Congreso se han convertido en obstáculos para volver a encender los motores de la producción agrícola, minería, industria; así como para revertir el gravísimo deterioro causado en menos de un año a la institucionalidad, meritocracia y al principio de autoridad.
Se necesita implementar y aplicar medidas urgentes y extraordinarias para proteger a la población que ya está sufriendo debido al encarecimiento de los alimentos, especialmente los sectores más vulnerables, a fin de mitigar los impactos de la crisis y evitar que se extiendan.
Sin embargo, en lugar de enfrentar esta emergencia con decisión y sensatez, lo único que se le ocurre al presidente Pedro Castillo es poner de ministro de Agricultura a un improvizado, más incapaz que el anterior y falta el respeto al país diciendo que “hambruna les va a dar a los ociosos”.
Ante un Gobierno con fecha de caducidad cada vez más cercana, la pregunta se cae de madura: ¿Qué hacer?
El exministro Alonso Segura, propone que (desde este o el gobierno que lo reemplace) se dé apoyo a la población vulnerable con bonos alimentarios focalizados temporales (programas sociales y pensionistas; ayudar a los pequeños productores agrarios en adquisición de fertilizantes para asegurar la continuidad de la producción local de alimentos y evitar una segunda ronda de empobrecimiento en campo y subida de precios de alimentos por menores cosechas. Asimismo, aprovechar desde el Gobierno los altos precios de los metales para lograr más inversión privada, empleo (formal, adecuado y de calidad) y recuperación de ingresos de los trabajadores. Para esta y otras medidas de emergencia, urge -sin embargo- que el Gobierno, y que el país, empujen hacia la misma dirección. Elemental como eso.
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