Aunque el presidente Castillo y su premier pretenden ocultar el perjuicio que le causan con su desgobierno a más de 33 millones de peruanos, los niveles de improvisación son tales que empiezan a convertirse en serias amenazas para sectores clave como la vacunación de los niños y la seguridad energética.

En el primer caso, ayer en conferencia de prensa la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza y Voces Ciudadanas advirtieron que debido a las deficiencias en la vacunación no se está protegiendo como se debe a los niños contra la influenza B. Más grave aún, se estaría propiciando la reaparición de enfermedades como polio, tos ferina y difteria. Estos problemas afectan directamente a doce regiones del país, incluida Piura.

Con uno de los sistemas de vacunación más completos de Latinoamérica, Perú cuenta con 17 vacunas que protegen a su población de 26 enfermedades. Sin embargo, debido a la pandemia, se registró un inevitable retroceso en el programa de vacunación regular y aún no se recupera el ritmo. El año pasado, mediante campañas en las postas y centros de salud, el Ministerio de Salud intentó retomar esta inmunización regular pero sigue sin lograrlo. En ese mismo año -2021-, poco después del primer semestre, la cobertura de la vacunación en menores de cinco años contra el sarampión y los refuerzos de la influenza, difteria y polio no habían superado el 50%. En 2020, en plena pandemia, la baja cobertura de vacunación trajo un brote de difteria después de 20 años.

Otra seria amenza es la lenta reacción del Gobierno ante el grave peligro de desabastecimiento de combustible. Desde la semana pasada, Petroperú vende a cuenta gotas a los empresarios del norte, sin que ningún funcionario explique cuándo se normalizará la situación. En los últimos meses diversos voceros del Ejecutivo han pretendido culpar de todo al “oleaje” que impide la llegada de los buques; pero lo cierto es que la petrolera estatal afronta serios problemas financieros. A inicios de setiembre la agencia internacional Fitch Ratings le rebajó la calificación de riesgo, complicando así su posibilidad de conseguir crédito para seguir importando combustible. Si el Gobierno insiste en no hacer nada, el problema se agravará, amenazando con generar desabastecimiento y encarecimiento del combustible, alimentos y tarifas del transporte.

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