Si tomamos en cuenta que en Piura escasean las camas UCI y que estas son ocupadas por personas que no han sido inmunizadas o que no tienen sus vacunas completas, resulta sumamente preocupante que haya 1’200 mil personas no vacunadas en la región. Nos encontramos frente a una bomba de tiempo sanitaria que amenaza con reducir enormemente la capacidad de respuesta del sistema de salud en los albores de una tercera ola.

Es necesario que el Gobierno agilice la vacunación y también sería adecuado que se estudien algunos mecanismos coercitivos para llegar a las metas de inmunización: en nuestra región, así como en otras a lo largo y ancho del país, hay individuos y familias que se niegan a recibir las dosis aduciendo motivos de conciencia (o sus religiones les prohíben vacunarse o son escépticos sobre su efecto positivo). Sin embargo, ¿el derecho personal a la libertad religiosa puede ser superior al derecho colectivo a la vida y a la tranquilidad?

El debate seguramente es amplio y habrá quienes defiendan a rajatabla la libertad de los individuos, más aún en estos tiempos en que las acusaciones de colectivismo o comunismo están tan a flor de boca, pero hay otra forma de ver esta realidad: si no se consigue un mayoría vacunada, la sociedad entera seguirá en un peligro mucho mayor que en el caso contrario. Otros países han entendido esta situación desde el principio de la pandemia y han ordenado, por ley, que los recursos privados se pongan a disposición del Estado para combatir al coronavirus. Nueva Zelanda tuvo éxito inicial aplicando este tipo de medidas. Si los bienes materiales pueden ser empleados en bien de la sociedad de la manera que el Estado disponga, ¿por qué no puede hacerse lo mismo con las disposiciones sanitarias? Ya ocurrió en un primer momento con las cuarentenas, suspensiones del derecho al tránsito, como el uso sancionado de mascarillas en espacios públicos. Cancelar temporalmente ciertas libertades básicas para salvar vidas, a nuestro juicio, no debería ser una discusión pero, en cualquier caso, hay argumentos para defender la vacunación obligatoria en el territorio nacional.

Para completar la estrategia, es necesario que se agilice la dotación de vacunas en todos los puntos de la región. Vamos a contratiempo.