En cualquier momento iba a estallar la bomba: los transportistas de carga pesada no iban a soportar la mecida de siete meses del Gobierno y pronto volverían a sus drásticas medidas de lucha. Como es obvio, una protesta no tiene sentido si no golpea los derechos básicos de los demás ciudadanos. En Piura, por ejemplo, la huelga de los camioneros sería vana si no deja sin alimentos a los comercios de la región (aunque sea debe asustar con esta posibilidad).

Hasta el momento seguimos preguntándonos cuál será la reacción del Gobierno; en abril, se recurrió a la criollada de prometer algo que no iba a cumplir, con el único objetivo de apaciguar a los gremios alzados. Jugó con el precio del combustible y jugó con las expectativas de varios gremios. Metieron a Rusia y a Ucrania en el problema y poco faltó para que Castillo diga a los transportistas que le reclamen a Putin por el alza. ¿Este gobierno de aprendices de Pilatos hará lo mismo una vez más? ¿Tendrá Castillo alguna noción de lo que ocurre fuera de Palacio?

La situación del paro en Piura es particularmente peligrosa. En abril la violencia se vivió en varios tramos de los accesos a la región, y ayer ya se hablaba de bloqueos en Paita y otros puntos estratégicos. Un aproximado de 800 camioneros de Paita y otros 2.300 de Piura, además de los “transportistas al paso” que llegan a nuestra región para descargar productos, mantienen el control de las carreteras mientras en Lima unos y otros luchan por quedar mejor ante la OEA.

Las principales demandas de los transportistas con el abaratamiento del precio del combustible, la erradicación de las mafias que se enriquecen con el combustible vendido de manera informal y, por último, el establecimiento de una tabla referencial de precios de transportes, además de la reestructuración de la Sutran. Son problemas cuya solución es más técnica que política. ¿Tiene Castillo los cuadros necesarios para ello? ¿Se le ocurrirá una salida que no sea el imposible control de precios? En esta oportunidad, creemos, Castillo debe hacer apariciones mínimas y casi sin declaraciones, para que deje a los ministros involucrados hallar una solución que cumpla siquiera con un mínimo del manual del sentido común.

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