El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Gabriel Amaro, sostiene que el sector agrario está asfixiado no solo por el clima, sino por una serie de regulaciones legales que han llevado a que se pierdan 400 mil empleos solo en el año 2022.

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Ante esto, han presentado una propuesta que implica la intervención del Estado para lograr créditos más baratos, menos costos laborales, sin afectar los derechos de los trabajadores y poder ingresar a un círculo virtuoso que reactive el agro.

– La situación de los agroexportadores, según las informaciones, es muy difícil este año, ¿cómo la puede describir?

Todo el sector agrario está sufriendo. No solo es El Niño, tuvimos a Yaku, pero también tenemos los efectos de la derogatoria de una ley que premiaba la formalidad, como lo era la ley de promoción agraria. Toda la regulación está asfixiando la formalidad agraria; si a ello le sumamos los problemas internacionales en los mercados, el clima y la inestabilidad del país tenemos la tormenta perfecta para que el sector agrario esté decreciendo en 2%. La agricultura de exportación, a julio, ya había decrecido alrededor de 3%. Cuando se ve las cifras en el sector agrario y la agroexportación, se tiene que pensar en los cientos de miles de puestos de trabajo formales y los millones de familias que están alrededor de ellos.

– ¿En cuanto se ha reducido el empleo, ligado al agro?

La población económicamente activa, hasta el 2021, ocupada en el sector agrario era de 4 millones 700 mil personas. Al año pasado se redujo en 400 mil personas. Lo que sucede con el clima ha sido la gota que derramó el vaso debido a que ya la situación era muy difícil. Ya muchos están pasando a la informalidad. Hay empleo perdido, empresas que están reduciendo personal. Los costos han crecido enormemente, está disminuyendo la productividad.

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– ¿Altos costos logísticos?

También han subido. Todo parte del proceso que hemos tenido de inestabilidad y de cambio regulatorio. Hoy ley 31110 no se adapta al sector agrario y ha generado una serie de sobrecostos innecesarios, por un lado, y por otro ha ahuyentado a la inversión. Hoy estamos en negativo en inversión agraria.

– ¿Qué plantean ustedes para salir de esta situación?

Le hemos pedido al Ejecutivo que pida facultades en materia de reactivación económica. Lo que necesitamos es un plan para todo el sector que genera empelo, es decir la agroexportación la agroindustria y las empresas agrícolas. Esto se sustenta en los números que ya han sido mostrados a todo el país por el ministro de Economía y por el presidente del BCR y por nosotros que venimos alertando de este problema. Lo están demostrando los trabajadores que no consiguen empleo o tienen menos horas de trabajo, afectando a su familia.

– Con la derogatoria de la ley de promoción agraria, se les dio un bono a los trabajadores.

La ley 27360 tenía todos los beneficios sociales para los trabajadores. No había ningún derecho que se vulnerara.

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– ¿Cuál era la razón de la derogatoria?

Fue un acto político. Se deroga para crear una ley populista que incrementa la remuneración del trabajador agrario, y no basado en la productividad. Esto ha generado un problema en el desarrollo y en las inversiones agrarias. Se creó un bono beta, indexado a la remuneración mínima vital que está asfixiando a las empresas. Ningún sector tiene este tipo de bonos. El resultado es que el sector está retrocediendo en inversiones.

– ¿Qué propone su plan de reactivación?

Impulsar el empleo. Nos hemos reunido con los diversos ministros y nos ha ido bien. Necesitamos un impulso financiero que requiere la intervención del Estado para que ayude a financiarnos, a tener créditos con tasas menores. Entrar nuevamente a un círculo virtuoso. Eso es función del Estado. La FAO está diciendo que ayuden al sector agropecuario. Esto tiene que reflejarse en toda la cadena productiva formal. Hay elementos laborales, tributarios, financieros en los que el Estado tiene que intervenir e impulsarlos de manera urgente. Esta propuesta tiene hace dos meses. No se trata de afectar los beneficios laborales, pero sí mejorar para evitar sobrecostos innecesarios. Mantener el equilibrio con el trabajador. Si queremos una agricultura desarrollada y formal, se tiene que hacer. Las normas laborales tienen que ser adecuadas al sector, no lo que se le ocurre al político de turno.