En diálogo con El Tiempo, el procurador general del Estado dio cuenta de las acciones de su despacho frente a las reuniones sin registro del presidente.

De hallarse indicios de delitos, afirma, se pedirá la intervención de la Fiscalía de la Nación.

– ¿Han pedido información de las reuniones en el marco de una investigación?
Hemos solicitado al secretario general del despacho presidencial que nos informe sobre esta actividad […] en la casa de Breña donde se estarían realizando despachos de la Presidencia de la República. Esto tiene que ver con una ley vigente que regula el ejercicio de la gestión de intereses, la cual exige que los funcionarios despachen en el local institucional y que el ingreso y salida de personas sea registrado.

– ¿Por qué se pide el sistema de registro?
Existe una obligación de transparencia de todos los actos que realizan los servidores públicos. Al haberse detectado […] esta actividad, hemos pedido información para evaluarla y ver si se han cometido algunas infracciones o ilícitos.

– ¿Es una investigación contra el presidente?
Estamos esperando la respuesta de la secretaria del despacho presidencial. Esa información y otra que podamos analizar, nos va a poder determinar si hay eventuales infracciones o presuntos delitos. En ese caso, los procuradores tienen el deber de dirigirse al Ministerio Público y pedir que se haga una investigación preliminar.

– ¿El presidente puede ser denunciado?
En la Constitución existe el artículo 117 que señala que el presidente solo puede ser acusado en su mandato por cuatro delitos: traición a la patria, impedir elecciones, cerrar el Congreso, fuera del supuesto de la denegación de confianza de dos gabinetes, y por impedir el funcionamiento del Parlamento y los órganos de justicia. […]Este artículo dice que no puede ser sometido a acusación constitucional […] pero en nuestro sistema existe una etapa previa que se llama la investigación preliminar de altos funcionarios que la realiza la Fiscalía de la Nación.

– ¿Se le puede investigar?
En el caso del presidente, él sí podría ser sometido a una investigación preliminar, pero en tanto ejerce el cargo, si la Fiscalía de la Nación hace esta investigación y la culmina, ese artículo constitucional establece una suspensión. Tendríamos que esperar hasta que concluya ese mandato para que el producto de esta investigación preliminar pase al Congreso a una acusación constitucional. Ese es el sentido que se le tiene que dar a esa prerrogativa que existe en la Constitución respecto al presidente.

– ¿El presidente puede tener un lugar privado para despachar?
No. Todo funcionario público tiene su domicilio particular donde vive con su familia, pero para efecto del ejercicio de las funciones del cargo, la ley exige que haya un despacho en la sede de la institución pública. Además, que la interacción con ciudadanos en ese despacho, tenga un registro. Esto no tiene que ver con el hecho de que seamos ordenados en el trabajo, esto tiene que ver con principios de todo Estado democrático que son la transparencia y rendición de cuentas, que todo funcionario desde la más alta jerarquía hasta la menos alta, tiene el deber de cumplir.

– ¿No entra en el ámbito privado las reuniones con ministros y empresarios?
No. Es que son reuniones que están relacionadas con el ejercicio de la función. Si un funcionario está celebrando un cumpleaños con su familia, estamos en el ámbito privado, pero un funcionario que despacha cuestiones públicas, no lo puede hacer al margen de estos elementos garantistas que la ley obliga a tener. Todo funcionario tiene que dejar un rastro de las cosas que hace en el ejercicio de la función. Así lo dice la ley.

– ¿La ley de gestión de intereses se creó frente a los casos de lobby?
Exacto. La ley de gestión de intereses trata de encauzar esta actividad basada en el principio de transparencia y también en el hecho de que el Estado tiene que ser totalmente imparcial y transparente en esa interacción con estas personas. El sustrato de todo esto es la transparencia. Los funcionarios están al servicio del Estado y de los intereses de todas las personas.