Ante la incapacidad y corrupción en los gobiernos regionales y municipales que reciben canon minero, gasífero o petrolero, beneficio que debe ir a obras -pero que casi siempre termina canibalizado-, la propuesta de Keiko Fujimori de que el 40% de este vaya al bolsillo de los peruanos no es tan descabellada como lo satanizan algunos.
Ya lo había propuesto el exgobernador de Ancash, Waldo Ríos hace siete años. En Alaska hay antecedentes, allí los residentes reciben un cheque anual de los dividendos de la explotación petrolera. En Arabia Saudita se paga dos sueldos anuales como bonificación; mientras que el estado de Kuwai entregaba a cada ciudadano US$ 3,500 anuales.
Si bien el canon debe ser utilizado en proyectos, la corrupción ha hecho todo lo contrario; se ha robado parte de este dinero, mientras lo que no ha podido llevarse lo dejó trabado en obras inconclusas. El saldo acumulado en canon y regalías mineras no utilizadas en los últimos seis años suman S/ 5 mil 400 millones, mientras en las regiones faltan hospitales, escuelas y servicios básicos.
Entregarlo a la población para que ellos gestiones sus proyectos podría ser una respuesta a esa incapacidad.
