Los asesores de Pedro Castillo, huérfano de apoyo popular en los últimos meses, no se les ocurrió mejor idea que enviar al mandatario a Chiclayo para solidarizarse con la familia de una niña ultrajada; pero, además, para lanzar una ley controvertida y populachera: la castración química para los violadores, la misma que ya está en el tintero para su aprobación.
Para los médicos y especialistas del Colegio Médico del Perú, la castración no soluciona ni elimina la agresividad sexual de un sicópata. Es más, la aplicación de esa medida no ha dado resultado en ningún país donde se aplicó. A la falta de efectividad se añade el alto costo de un método como este, el cual debe ser financiado por el Estado, y de por vida para el infractor, sin que esto inhiba la agresividad sexual del sujeto.
La solución más drástica, desde la otra esquina (las familias afectadas) es la pena de muerte o en todo caso cadena perpetua. La primera –que es el clamor de las calles-, es imposible mientras el Perú forme parte del Pacto de San José que prohíbe esta sanción. Lo segundo está vigente, pero depen del Poder Judicial, cuya lenta reacción termina muchas veces por beneficiar a los criminales.
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