Los congresistas andan ajetreados, por estos días, intentando aprobar el proyecto de ley que plantea la suspensión por dos meses del cobro de los servicios de agua, luz, gas, telefonía fija, celular, Internet, cable, alquileres y préstamos financieros. Es decir, todo gratis, como parte de la campaña populista que –al parecer- colocará a sus partidos dentro de las expectativas electorales del 2021.

La propuesta, para muchos analistas, tiene bastante de demagogia y alienta la cultura del “perro muerto”. En efecto, el COVID-19 ha afectado la economía de muchas familias, sin embargo, hay que entender que detrás de una empresa de servicio hay trabajadores, gastos que demanda el propios servicio y que, si no se paga, los operarios y sus familias también serán afectadas al igual que el propio servicio con menos horas de luz, menos megas o Internet, etc.

¿Qué lo pague el Estado? El Gobierno no puede subsidiar todos los servicios porque sería desastroso para la economía; además, bajo este argumento se pedirá la suspensión hasta de los impuestos, poniendo en riesgo el pago de pensiones, sueldos al personal médico, maestros… en fin, todas las obligaciones del Estado