Desde el Congreso siguen petardeando a la Ley Universitaria y a la Sunedu en un intento por salvar a las universidades que no lograron el licenciamiento, por no cumplir los estándares mínimos de calidad. Pero lo más curioso es que quienes intentan el salvataje están ligados directamente a alguna de las 46 universidades denegadas.
Por allí se deduce la calidad moral de los congresistas interesados en tumbarse a la Sunedu. La última propuesta –que también quedó sin piso, y proponía que las universidades denegadas reciban ayuda del Estado-, fue presentada por Rubén Ramos, docente de una universidad denegada. Otros, de Podemos Perú, cuyo líder es José Luna Gálvez, dueño de la universidad denegada Telesup, también están detrás de otro proyecto.
El conflicto de intereses poco importa a estos parlamentarios. Su propósito, por encima de lo ético, está en favorecer lo malo y castigar al ente que ha logrado ordenar, pero sobre todo, evitar que las universidades “chicha” sigan estafando al estudiante y a la sociedad, titulando a profesionales con mediocre preparación académica. Es decir, el interés particular y lo político por encima de la calidad y la honestidad.