La polémica por el retiro de la ivermectina y los antibióticos contra el COVID-19 saltó también a las pruebas rápidas. Y la pregunta es: ¿Por qué el Estado insiste en la compra de pruebas rápidas, cuando la experiencia en estos últimos seis meses indican que no son seguras y que el diagnóstico, en más del 30%, es errado?
Ahora que los casos se han reducido, ¿por qué no se opta por las pruebas moleculares, que son mucho más certeras en el diagnóstico? La respuesta podría ser el gran negocio que resulta comprar pruebas rápidas, pues se hace en lotes grandes, con precios de hasta 15 y 20 soles de diferencia por prueba y, para coronar el desorden, lo hacen diferentes sectores de salud. Es decir, se ha hecho de estas compras todo un carnaval.
Aunque ya no llama la atención la incongruencia en las compras estatales, si es ilógico que se insista en las pruebas rápidas porque hasta los laboratorios internacionales están abasteciendo a otros países con las pruebas moleculares. En Chile y Ecuador, por ejemplo, sus respectivos Gobiernos utilizan pruebas moleculares; hace rato desecharon las rápidas. Aquí seguimos jugando con la salud de los peruanos.