Mientras la corrupción se levanta en peso el presupuesto de las instituciones públicas, las recientes discrepancias entre el Ejecutivo y Legislativo le dan ventaja a la impunidad de miles de funcionarios que hasta la fecha no pueden ser sancionados; es más, siguen trabajando en el mismo cargo y manejando el presupuesto que se birló con audacia y descaro.

La ley aprobada recientemente y que otorga facultades sancionadoras a la Contraloría General fue observada por el presidente Francisco Sagasti e irá derechito al TC. Según el mandatario, cualquier contralor podría excederse en sus atribuciones y paralizar a los funcionarios. El contralor Nelson Shack contraatacó y afirmó que las sanciones no se pueden dejar en manos de las mismas entidades públicas, pues solo terminan “amonestando” a los ladinos funcionarios; es el “otoronguismo administrativo”.

El problema es que mientras no se definan atribuciones sancionadoras y que estas no favorezcan a los faltosos y pillos, más de 15 mil funcionarios públicos investigados, seguirán en la impunidad. Casos emblemáticos como “Vacunagate”; “Mascarillas” u “Oxígeno”, en Piura, quedarían sin efecto.