La aprobación por insistencia de la ley que regula la aplicación de la cuestión de confianza volvió a tensar relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y, como si no fuera suficiente, recalentó el ambiente político poniendo en riesgo la gobernabilidad. Las sospechas y temores de uno y otro bando político no se han hecho esperar.

Para el ejecutivo esta decisión es un escándalo porque vulnera el Estado de derecho, desequilibra el poder político y hasta se lleva de encuentro la Carta Magna, pues una simple ley no puede modificar un artículo de la Constitución. El ministro de Justicia anunció que llevará el tema al TC para que resuelva, por enésima vez, esta controversia que ya ha sido debatida en gobiernos anteriores, pero igual sigue como la Espada de Damocles, pendiendo sobre las cabezas de los legisladores.
¿Y ahora qué viene? Los oficialistas están convencidos que el legislativo va tras la cabeza de Pedro Castillo. Cierto o no, el problema es que esta decisión del Congreso convulsiona nuevamente el ambiente político y genera incertidumbre en la endeble economía, en un momento en que el ministro Pedro Francke había agarrado confianza con la baja del dólar.